By *Ante solicitud de Miguel Ángel Yunes Linares por integrar a policías militares a Veracruz.
San Andrés Tuxtla, Ver.- |
Por Luis Manuel Toto Pólito.|
En relación a la solicitud que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha hecho al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y que este envíe a la policía militar para el combate a la inseguridad en Veracruz, primero debe lograrse que el congreso de la unión legisle para que estos elementos cuenten con seguridad jurídica en todas las acciones que realicen en el combate a la delincuencia, de lo contrario solo estarían limitados a ser preventivos, afirmó el abogado Leopoldo Zotea Ramírez.
Porque incluso ellos, los policías militares, podrían ser llevados a procesos ya que estarían jugando sin las reglas jurídicas para proteger a la ciudadanía de sus acciones.
“Lo más grave es que cuando sean vinculados a proceso en materia penal todos aquellos delincuentes que realicen actividades en contra de la sociedad, serán puestos en libertad en virtud de que la circunstancia legal de su detención será ilegítima, porque no está debidamente legislada para que sean detenidos por militares en acciones que no están justamente protegidas en la constitución”, dijo el abogado.
Hasta el momento su actuar es meramente preventivo, y tendrían que trabajar en unión con otras corporaciones policiacas, que estén vinculadas a la licitud de sus acciones constitucionales como es la policía federal para que sus detenciones sean legítimas, y los sujetos sean vinculados a proceso legítimamente.
“Si queremos cambiar la figura jurídica y legítima para que esas policías que trabajan en favor de la sociedad sean reconocidas en sus acciones diarias, deberán ser manejadas con la licitud que realice el congreso de la unión para que ellos trabajen de manera correcta y eficaz en el combate a la delincuencia”, sostuvo.
Leopoldo Zotea Ramírez antes de concluir aseveró que entre las varias reformas que pueden considerarse, están el que los militares al realizar un cateo en alguna casa, deberán tener la aprobación que ejerza un juez y se las den a ellos como parte de la policía encausada para combatir la delincuencia.
Y que además, todos aquellos indicios que sirvan como prueba sean entregadas a la cadena de custodia a la fiscalía correspondiente a la Procuraduría General de la República o del fuero común, para que estas sean consideradas como datos de prueba, y no se caigan en los tribunales y los delincuentes obtengan la libertad por la falta de las actividades procesales legítimas que puedan vincular en una sentencia condenatoria a algún delincuente.
