
El diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte deficiencias en seguridad en penales de Veracruz.

Este lunes 12 de octubre, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció que los 18 centros penitenciarios de Veracruz enfrentan sobrepoblación, pero rechazó que exista falta de gobernabilidad en su interior. “Sí hay una población muy abundante en los penales, desgraciadamente”, dijo en su conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, en donde se indicó que Veracruz obtuvo una calificación reprobatoria de 5.38 sobre 10 en la evaluación de 18 centros penitenciarios estatales. El penal de Tuxpan fue el peor evaluado de la entidad, con 3.89 puntos, y se ubicó como el quinto con menor calificación del país.
El informe advierte deficiencias en seguridad, personal de custodia, atención médica, higiene y programas de reinserción, además de problemas de hacinamiento en varios centros.
El diagnóstico también documentó problemas de gobernabilidad, cobros ilícitos y extorsiones en distintos penales. Durante 2025 se registró un motín en el sistema estatal que involucró a 15 internos y dejó ocho personas con lesiones graves.
En la inspección, además, se identificó a 19 mujeres que vivían con sus hijos en cuatro penales, mientras que ocho prisiones presentaron omisiones en materia de salud materno-infantil y nutrición.
Al ser cuestionada sobre los resultados del diagnóstico, la mandataria aseguró que en todos los penales del estado existe gobernabilidad y seguridad, y afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lleva a cabo revisiones periódicas en los centros de reclusión.
“Se hacen puntualmente supervisiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública donde se revisan los arcos de seguridad; todo esto, ha estado muy activo. A mí me ha presentado el reporte el secretario Garcés, de cuando se hacen los rondines o revisiones a todos los penales.”
Sobre los señalamientos de la CNDH respecto al control que podrían ejercer personas privadas de la libertad dentro de los penales, Nahle respondió que no tenía conocimiento de ese señalamiento en particular, aunque sostuvo que las autoridades estatales mantienen el control de las instalaciones.
“Adentro se tiene gobernanza, se ha aumentado el número de custodios. En todos hay gobernanza y seguridad”, afirmó.
La gobernadora reconoció que los centros penitenciarios están llenos y señaló que una de las alternativas para atender esta situación es construir una nueva cárcel. Nahle explicó que desde enero o febrero comenzó a trabajar en el proyecto y que, de manera tentativa, se contempla ubicarlo en el municipio de Medellín de Bravo, donde el gobierno estatal cuenta con un terreno.
Indicó que incluso habló con el secretario de la Defensa Nacional para plantear que el Ejército participe en la construcción, debido a que cuentan con un cuerpo de ingenieros. Añadió que recientemente solicitaron tres propuestas de terrenos para analizar la viabilidad del proyecto.
“Lo presenté, incluso hablé con el secretario de la Defensa porque yo quisiera que lo construyera el Ejército porque ellos tienen un cuerpo de ingeniería. Hace poco nos pidieron del Ejército y Presidencia 3 propuestas de 3 terrenos para que analicen la viabilidad, para hacerlo estatal o federal, porque sí necesitamos hacer otro penal”, dijo.
La nueva cárcel tendría capacidad para aproximadamente 2 mil 400 personas. Nahle dijo que espera comenzar con el proyecto en 2027, aunque no precisó el costo de la obra ni el calendario para su ejecución.
Sobre los traslados de personas privadas de la libertad, explicó que se realizan como parte de los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y estatales, particularmente cuando se trata de internos considerados peligrosos.
Con información de: Lsr Veracruz


