By El ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) o Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, podría resultar sin responsabilidad en el proceso penal que se le sigue en un juzgado de Pacho Viejo, aun cuando pudiera dictársele este jueves como medida cautelar la prisión preventiva, si el juez acepta las pruebas y razonamientos que está presentando la defensa.
A las 11 de la mañana de hoy jueves 19 de enero, el ex funcionario comparece en Pacho Viejo para el desahogo de la audiencia en que la Fiscalía General del Estado intentará convencer al juzgador sobre la responsabilidad de Bustos Solís en el desvío de 2 mil 300 millones de pesos que fueron sacados de las cuentas del Seguro Popular y depositados en cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Fuentes cercanas al proceso revelan que el ex director del Seguro Popular está confiado en que el resultado del proceso penal que intenta el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien estuvo presente personalmente en la audiencia de la semana pasada, será absolutorio.
Explican lo anterior con base en que ninguna cantidad de dinero está desaparecida, sino que fue remitida a la Secretaría de Finanzas y Planeación por instrucciones del entonces tesorero, el hoy diputado Tarek Abdalá, lo que ejecutó el director administrativo del organismo, hoy extinto, Jorge Alberto Shadid Mansur, sin que el director general lo hubiera dispuesto.
Además, explican, Bustos carecía de facultades legales para una operación de esa naturaleza, y parte de esos recursos ya fueron restituidos por la Sefiplan al Seguro Popular. Por otro lado, el ex funcionario fue objeto de un Procedimiento Disciplinario Administrativo por parte de la Contraloría General del Estado y ésta concluyó que no existía daño patrimonial.
Las fuentes señalan que en este caso la Fiscalía General del Estado está actuando con dolo en contra del indiciado ya que ha ocultado pruebas y dictámenes, lo que causó que la audiencia de la semana pasada tuviera que ser diferida para este jueves, y a pesar de la premura por la inminencia de la comparecencia, cientos de fojas fueron puestas a disposición de la defensa antenoche a la una de la mañana.
Un elemento que ha usado la Fiscalía para sustentar su imputación consiste en un depósito por 10 millones de pesos en cuentas de Bustos, mismo que la defensa demostrará, mediante un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue realizado hace varios años, producto de negocios personales.
Los defensores consideran que, para obtener un resultado mediático y lograr el efecto de convencer a la opinión pública de que “cayó el primero”, la Fiscalía General del Estado se atrevería a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva, pero que de concederse por parte de la potestad judicial, habría una violación de garantías individuales y derechos humanos, habida cuenta de que no existe daño patrimonial.
Aunque la prisión preventiva mantendría privado de su libertad al procesado, pero éste saldría absuelto en unos meses, confiaron. Otras medidas cautelares que serían aplicables serían el embargo o incautación de los bienes patrimoniales del o los indiciados.
Por otro lado, se menciona que no existe denuncia alguna en contra del hoy diputado federal por el PRI, Antonio Tarek Abdalá Saad, operador de ese desvío de recursos por 2 mil 300 millones de pesos, que no fueron aplicados para los propósitos de procurar salud a los veracruzanos, sino que fueron invertidos en instrumentos financieros.
Antonio Tarek Abdalá Saad.
