By Por Luis Manuel Toto Pólito
Santiago Tuxtla, Ver.- Ante los dos últimos feminicidios registrados la semana pasada en la zona centro del estado, y en virtud de que Veracruz se ha posicionado como la segunda entidad con mayores índices de violencia contra la mujer en el país, la candidata a la diputación local por Santiago Tuxtla Kristel Hernandez Topete señaló que la cámara de diputados será el espacio desde donde exigirá a los gobiernos se detenga el avance de este cáncer social.
La misma candidata confirmó que ha sido agredida políticamente por terceros y por ello reiteró que luchará desde el congreso por erradicar la violencia de género.
Cosificar o menospreciar las capacidades de nosotras es un retroceso a nuestras garantías y debemos cambiar esa mentalidad desde donde se hacen leyes, dijo.
Igualmente afirmó que legislará para fortalecer a los institutos municipales de las mujeres, oficinas que deben ser autosustentables para poder ejercer su labor adecuadamente.
Incluso reconoció que los DIF son lugares donde se conocen de cerca las necesidades femeninas y salen a relucir casos de maltratos y vejaciones contra este sector que es vulnerado cada día más.
Como maestra, aseguró que fue testigo de muchos relatos en los que madres de familia exponían muy de cerca lo que atravesaban en sus hogares, los problemas que ellas pasaban con sus maridos y la gravidez de las heridas no solo exteriores sino también internas.
Y es que Veracruz estaría en vías de recibir una tercera alerta de género debido a la prevalencia y aumento de mujeres desaparecidas, esto fue solicitado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Recordar que en diciembre del 2017 se declaró oficialmente la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado (AVGAC); es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.
Mientras que la primera alerta fue emitida por violencia feminicida, y se decretó en 11 municipios, el 23 de noviembre de 2016.
