By > Por posible quebranto de los recursos que administra Manuel Rosendo Pelayo, el alcalde electo solicita a la legislatura que se revise minuciosamente la cuenta pública.
> “La corrupción, ni la permito ni la tolero”: Alcalde Electo
San Andrés Tuxtla, Ver.- Tras haber descubierto la magnitud de la deuda pública que pretende heredar la administración municipal actual al alcalde electo de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, solicitó al congreso que se realice una exhaustiva auditoría, pues además del endeudamiento existe, se ha detectado el favorecimiento de contratos sin licitación que el actual mandatario municipal no ha podido aclarar.
El alcalde electo de San Andrés Tuxtla, quien conversó personalmente con el presidente de la comisión de vigilancia del congreso, José Manuel Unanue Abascal, reiteró que “la corrupción ni la permito ni la tolero”, y que continuará hasta las últimas instancias denunciando las irregularidades que se presenten en el proceso de entrega recepción.
En este sentido exhortó a la Legislatura del Estado, para revisar las cuentas públicas de Manuel Rosendo Pelayo, por el posible mal uso de recursos que ha derivado en una deuda de más de 100 millones de pesos, y señaló que en una administración municipal no puede haber un solo culpable, por lo que aclaró que no hay ninguna persecución personal y se deberá castigar a quienes resulten implicados en las irregularidades señaladas.
Octavio Pérez Garay presentó la documentación y el requerimiento oficial de auditoría dirigido a la diputada María Elisa Manterola Sainz presidenta de la mesa directiva, y con copia al diputado presidente de la comisión de vigilancia, José Manuel Unanue Abascal, quien recibió la documentación y afirmó que procederá en lo consecuente a analizar las evidencias documentales, para notificar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para que realice la auditoría pertinente en cada caso.
Unanue reiteró que en el caso de los señalamientos por la adquisición de 5 mil 400 lámparas Led, donde no se licitó y se presume que se compraron a una empresa fantasma, será el ORFIS quien analice las pruebas y determine si se benefició a un particular con la adjudicación directa de este contrato por más de 36 millones de pesos.
