Hace siete días, Miguel Ángel Yunes Linares convocó a la prensa, transmitió a través de redes sociales desde Palacio de Gobierno, se aposentó en la cabecera de la enorme mesa del Salón de Banderas y dijo –con tono contundente para parecer sincero– que buscaría un proceso de entrega-recepción “civilizado y realmente democrático”. Acto seguido tomó protesta a siete ciudadanos ligados a su gobierno para conformar el Comité Ciudadano de Entrega-Recepción.
La naturaleza de los personajes elegidos por él, que ya habíamos señalado con un innegable tufo yunista, ahora son mostrados como unos verdaderos cómplices del gobernador saliente. El reportaje del periodista Jair García, publicado por el periódico La Jornada Veracruz, no deja lugar a dudas: apenas dos días después de decretar su creación, el gobierno estatal entregó contratos a integrantes del que sería su ‘transparente’ comité, como una forma de agradecimiento por los servicios que quiere que le brinden.
Bajo este nuevo cristal, se oyen sumamente falsas las palabras pronunciadas sin recato por Yunes en el acto en que materializó su Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, un nombre tan largo como la cola que tendrá para que le pisen:
“Hace dos años el tema dominante en la escena pública de Veracruz, y desafortunadamente se reflejaba en el país, era el de corrupción; dos años después nadie habla de corrupción, no hay una sola denuncia por corrupción, lo que me hace sentir muy orgulloso”.
Y quiere seguir sintiéndose orgulloso luego del 30 de noviembre en que concluye su desastroso bienio; por eso ha elegido como vigilantes de su gestión administrativa a quienes recibieron las bondades de la contratación de obra pública y arrendamiento de bienes inmuebles.
Con ello, no solo quiere ocultar cualquier testimonio que implique una disparidad entre lo que dice y lo que hizo; poner bajo candado expedientes que evidencien movimientos financieros destinados con enorme profusión a las campañas electorales de 2017 pero, sobre todo, a la de este año en que buscó heredar la corona a su hijo Miguel Ángel; ocultar los contratos de obra con que benefició a sus amigos y sus cómplices.
Además, busca poner verdaderos campos minados a la próxima administración de Morena, para que fracase ruidosamente y pueda regresar en 2024, con todo y su familia.
Las benditas redes sociales /I
“A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la #CuartaTransformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria.” Senado de México @senadomexicano [16:53 – 16 sept. 2018]
Un contratista sumamente agradecido
La Jornada hace ver que uno de los invitados por Yunes para integrar el comité ciudadano es Luis Palacios Macedo Gutiérrez, quien apenas dos días después del Decreto, fue favorecido con un contrato para Grupo Corporativo LUPAMA SA de CV, compañía de la que es propietario, según el acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio en Xalapa.
“De acuerdo con el fallo de la licitación simplificada mediante invitación a cuando menos tres proveedores LS-103C80801 —cuya copia tiene La Jornada Veracruz— la constructora recibió el contrato por 373 mil pesos para dar servicio de mantenimiento y remodelar áreas de la Ciudad Asistencial Conecalli de Xalapa que administra el DIF Estatal.
“LUPAMA de Palacios Macedo fue señalada de haberse favorecido también con múltiples contratos en los gobiernos priistas de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016).”
No solo eso. “Palacios Macedo ha sido además beneficiado con contratos de renta de inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes.
“Según información pública entregada por la Secretaría de Turismo y Cultura a un particular vía Transparencia, Palacios es arrendador del edificio ubicado en la calle Río Tesechoacán número 57 de la colonia Cuauhtémoc de Xalapa. La dirección es la misma en la que actualmente se encuentra esa dependencia.
Como dato, Palacios Macedo es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa y, en los últimos meses, empresarios que exigen pagos al estado lo acusan por su inacción ante los abusos del gobierno de Yunes.
En declaraciones reproducidas en el mismo reportaje del periodista Jair García, el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi Blanchet, advirtió que por su cercanía y beneficios que el gobernador Yunes les ha concedido, los que fueron invitados debieron excusarse de participar en la vigilancia de la entrega-recepción de la administración pública. Y precisa:
“Si los integrantes del comité, algunos de ellos empresarios, recibieron contratos del estado, no se esperaría que fueran imparciales al momento de calificar al gobierno que ya se va. Lo que está en juego para muchos de ellos es su honorabilidad por esta actuación inmoral. Yunes lo que tendría que hacer es dejar de simular, abrir la administración pública que mal ha conducido y permitir al nuevo gobierno comenzar a revisar las condiciones de emergencia en las que le entregan a Veracruz”.
Las benditas redes sociales /II
“Este tuit ha causado molestia. Y con justa razón. No es institucional. No fue ordenado por la Mesa Directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de Comunicación Social a realizar una labor institucional en la comunicación social del Senado.” Martí Batres @martibatres [8:02 AM – Sep 18, 2018]
Violencia contra magisterio: reacciona la 56 del SNTE
Nadie puede creer que un político acucioso, tan enfebrecido por conocer vida y obra de propios y extraños, tan empecinado en tener todo bajo control como el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se haya plantado ante los reporteros para reconocer su supuesta ignorancia sobre la violencia que azota al magisterio veracruzano. “Puede que un maestro haya sido víctima de un robo, no podemos negar la posibilidad, pero suponer que es una situación contra los docentes, no”.
Y hay de dos sopas, o nos quiera ver la cara de atarantados argumentando que preguntará a su secretario de Seguridad Pública sobre lo que había denunciado la sección 32 del SNTE, o de plano ya se alejó del acto de gobernar, tan inquieto como está de cómo entregar su administración a la que le sigue.
Y es que este martes, a las denuncias generales planteadas por la sección 32 en una carta enviada al gobernador, se han sumado las que ha planteado el secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sánchez, quien le cayó la boca al choleño señalando que tanto solo en lo que va de este año se han registrado más de 300 casos de delitos cometidos contra maestros, que van desde extorsiones, amenazas, secuestros y levantones hasta asesinatos.
Yunes Linares tendrá que consultar la situación de inseguridad que viven los maestros, no con el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié, sino con los dirigentes magisteriales si de verdad quiere que la cosa cambie y los niños de las escuelas rurales e indígenas tengan maestros en sus aulas.
A las áreas identificadas por la sección 32, Mario Hernández ha añadido las que le duelen a sus agremiados, como Pánuco, Zongolica, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Acultzingo y Ciudad Mendoza, entre otros.
Pero la sección 56, que se distinguió por apoyar al gobernador en turno en su pasada campaña electoral, considera vulnerable la seguridad de los profesores, y propone reaccionar en contra, aun si esto significa hacerlo sin la intervención de un gobierno omiso. “Si no hay condiciones de seguridad, vamos a recurrir a acciones que garanticen su seguridad. Necesitamos más eficacia en el Gobierno (…) Hemos hecho del conocimiento y si no lo atienden o hacen caso omiso nosotros estaremos en posibilidades de tomar otra acciones”.

¿Se referirá a crear grupos de autodefensa, como ya está ocurriendo con las poblaciones indígenas que no son importantes para el gobernador Yunes? ¿O simplemente anuncia que se hará movilizaciones para presionar a las autoridades estatales a actuar?
Las benditas redes sociales /III
“Esto es inaceptable: 1. El Senado es patrimonio de las y los mexicanos, NO de un partido o una mayoría. 2. Viola lineamientos de comunicación y supone distracción de recursos.” Miguel A. Osorio Chong @osoriochong [9:20 AM – Sep 18, 2018]
Winckler deja la puerta abierta a secuestradores de Leslie
Mientras sigue manteniendo como coto privado la fosa clandestina de El Arbolillo, en el municipio de Alvarado, donde este martes fueron corridos los vergonzosos diputados locales panistas Marijose Gamboa y José Luis Enríquez Ambell, quienes realizaban turismo menesteroso, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz podría haber puesto las condiciones para que los secuestradores de la estudiante de Medicina del Puerto de Veracruz, Leslie Jared Bucio Palma, puedan recuperar la libertad casi inmediatamente.
Su exitoso desenlace, logrado por la notoriedad nacional del ilícito (de otra manera no habría hecho nada), podría irse al cajón por su afán de mostrar al menos un caso resuelto, que derivó en la detención de Jairo Jafet Ozib Lara, Jonathan de Jesús Vera Castro, José Armando Marcial Ocampo e Isaura Trujillo Ocampo. Y sucederá justamente por haber dado a conocer a los delincuentes con nombres, apellidos y fotografías, publicadas en el diario del bienio, Notiver.
En una entrevista hecha en el portal Sin Filtro Noticias, el exsubprocurador de justicia Fidel Guillermo Ordóñez Solana, dijo que los supuestos secuestradores podrían salir en libertad por las violaciones cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), al dar a conocer su captura sin privilegiar la secrecía de los datos personales.
A la FGE le dio una “urgencia terrible”, el dar a conocer la liberación de Leslie y la captura de los supuestos secuestradores por lo que no tuvieron el cuidado que pide la ley de mantener sus nombres en secrecía lo que viola sus derechos humanos y sus garantías individuales y lo más preocupante de todo es que lo publicaron en el periódico Notiver y lo hicieron poniendo el nombre completo de los supuestos al igual que sus fotografías sin cubrirles el rostro.
“Eso es indebido y no es tanto la violación al debido proceso como una violación grave es un tema de protección personal de datos que establece la Constitución general de la República en beneficio de todos los ciudadanos”.
En la nota periodística de Sin Filtro Noticias, el abogado reconoció que existe la posibilidad que los supuestos secuestradores salgan en libertad debido a que en el manejo de la información, se pudieron alterar situaciones una vez que se desconoce en qué momento les tomaron las fotografías, “lo que altera gravemente la ejecución del procedimiento y al haber una violación tan grave en el procedimiento habitualmente en materia federal por vía de un amparo pueden salir las personas”.
Y añade: “Nos da mucho coraje a todos los ciudadanos veracruzanos que se cometan errores y que se dé la oportunidad y la posibilidad de que los que cometieron el delito puedan obtener su libertad por una violación del proceso”.
¡Ay, Winckler, una tras otra!
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