By Platicando con un pequeño empresario, me decía que la situación está canija pues han cerrado al menos cuatro negocios cerca de su local: una carnicería, una fondita, otro que renta computadoras y una tienda.
Lo primero que viene a mi mente sería por el pago de impuestos, ya que muchos pequeños negocios han cerrado por eso, aunque si recordamos, durante los años 2014 y 2015, estos negocios no pagaron absolutamente nada, pues el gobierno federal los subsidió.
Analizando un poco más a fondo, creo la cosa no es de impuestos ni de empresarios, sino de consumidores y de dinero… ya no se tiene poder adquisitivo.
Según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dada a conocer hace unos días en conjunto con un estudio efectuado por el Colegio de México, se conoció que aumentó el número de pobres entre 2012 y 2014, y no precisamente porque hayan nacido más mexicanos pobres, sino porque la clase media ha pasado a formar parte de ese sector debido a que al analizar 17 necesidades básicas como vivienda, alimento, energía eléctrica, combustible, seguridad social, recreación, etcétera; se encontró que ya no es posible satisfacer todas sus necesidades básicas.
Con todo esto hemos roto récord de pobreza, claro ejemplo que la política social emprendida por Enrique Peña Nieto no ha funcionado pues actualmente se contabilizan 100 millones de pobres a diferencia del año que concluyó el sexenio de Felipe Calderón, cuando se tenían registrados 97.4 millones.
Pero el asunto no sólo es federal. En el estado de Veracruz la pobreza extrema aumentó en un 2.9 por ciento y la pobreza en 5.4 por ciento; según los que saben, nuestro estado no mejoró en lo absoluto.
Definitivamente, la política pública no ha sido la adecuada, aunque mucho tiene que ver la deuda que tiene nuestro estado y los intereses que paga por ella. Según estudios, el estado de Veracruz es considerado como una entidad de mayor riesgo, ya que fue el segundo estado en el país que más intereses por deuda ha pagado (bueno, la pagamos nosotros) con un monto aproximado de 3 mil 591 millones de pesos, dinero que bien podría servir para infraestructura o generación de empleos en el estado.
Desde luego que la crisis que enfrenta nuestro país y el estado hacen que los que consumidores cada vez compren menos y por reacción las ventas sean menores.
Pero ¿Qué tal los 2 mil 771 millones ejercidos por el Instituto Nacional Electoral en las campañas electorales de 2015 o la propuesta de la Cámara de Senadores de aumentarse un 6 por ciento en las asignaciones a grupos parlamentarios, algo así como mil 301.91 millones de pesos?
Cuando veo estas cifras que me avergüenzan sólo puedo pensar que a nuestros gobernantes en turno les valemos puro cacahuate.
