Rechaza Javier Duarte extradición a México hasta que se solicite formalmente

Rechaza Javier Duarte extradición a México hasta que se solicite formalmente

El ex gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, no aceptó ser extraditado a México, esto luego de el juez del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en la Ciudad de Guatemala, le notificara que las autoridades de nuestro país lo requieren para ser juzgado por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex mandatario agregó que por ahora no aceptaría el allanamiento (la extradición), sino hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano y que pueda analizar la misma con los abogados de oficio que le fueron asignados por el Estado Guatemalteco.
“No puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición, y una vez siendo evaluada por la defensoría… por el momento me reservo ese derecho”.
Duarte de Ochoa fue requerido por un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por su probable responsabilidad en dichos ilícitos, de acuerdo a la causa penal 97/2016.
Es importante mencionar que tras la reanudación de la audiencia, los abogados defensores de Javier Duarte, Óscar Bazán y Amaurilia Nava, pidieron a los jueces que se le permitiera al abogado Pablo Campuzano de la Mora ingresar a la misma como abogado asesor.
Esto fue aceptado por el juez penal, considerando que los delitos que se le imputan corresponden a México y él tiene mayor conocimiento, aunque limitó su participación a la observación sin voz, ni voto; pese a que el agente del Ministerio Público guatemalteco dijo que no tenía objeción de que se le permitiera estar en la audiencia.
Adicionalmente, pidió que al resolver se formalice la detención provisional de Javier Duarte con fines de extradición para que responda ante las autoridades de nuestro país y que la decisión le sea comunicada al Estado Mexicano mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Y que por lo tanto, de acuerdo con el tratado de extradición suscrito entre ambas naciones, tendrá 60 días naturales para que pueda remitir al gobierno guatemalteco la solicitud formal de extradición con los medios de prueba que apruban tras requerimiento.
Luego de escuchar la decisión de Javier Duarte y las peticiones de la parte defensora y del MP, el juez penal decretó un receso de 20 minutos para elaborar la resolución.
La audiencia
Duarte de Ochoa ingresó a la torre de Tribunales para la audiencia en Guatemala que inició a las 14.30 horas tiempo de México, cuando se le dieron a conocer los cargos por los que fue detenido el pasado sábado.
Al inicio y luego de preguntarle algunos datos personales, el juez reconoció que tenía poca información en torno a la petición de extradición de México y le recordó que en esta primera audiencia podía guardar silencio, explicándole sus derechos y que no tenía obligación de declarar.
Al responder a las preguntas de los fiscales, Duarte dijo que tenía seis meses de estar en Guatemala.
Además, contestó algunas preguntas personales como su fecha de nacimiento, nombre de su esposa, Karime Macías, así como sus padres.
Seguidamente le leyó los delitos por lo que se le acusan en México: delincuencia organizada y lavado de dinero, en particular por el uso de prestanombres para compra y venta de terrenos pertenecientes al gobierno de Veracruz.
El juez le explicó que el gobierno de Guatemala recibió una solicitud del gobierno mexicano, para que se le aprehendiera con miras de extradición.
Posteriormente, el Agente fiscal de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala explicó a detalle las presuntas actividades ilícitas cometidas por el ex titular del Ejecutivo estatal, detallando la creación de empresas “fantasma”, el desvío de recursos públicos para éstas.
Las acusaciones
En la descripción de los hechos imputados, el funcionario ministerial mencionó a su amigo Moisés Mansur como uno de los testaferro y a otros más que cumplieron dicha función para obtener propiedades como el rancho “El Faunito” en el municipio de Fortín; una propiedad en Boca del Río y otra más en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
Además comentó que Tarek Abdalá, actual diputado federal y entonces tesorero de la administración duartista, dio la instrucción de que todos los recursos federales que llegaran para el rubro de seguridad, ya no serían manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), sino por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y ésta los enviaría luego a la Tesorería.
Luego de describir todas las acusaciones por parte del Ministerio Público, su abogado defensor de oficio, pidió un receso de cinco minutos para conocer las reacciones de Javier Duarte; no obstante, el juez penal prosiguió la audiencia y le mencionó que correspondía ahora definir el lugar donde quedaría detenido hasta que se defina si se concede la extradición.
Esto porque de acuerdo a las leyes guatemaltecas, no se le puede dar una medida distinta que la cárcel. Sobre el tiempo que tomaría el proceso, el juez dijo que el tratado de extradición establece 60 días naturales, contados a partir de que la Embajada de México en Guatemala, es notificada de la misma.
Seguidamente le dijo que en una próxima audiencia, él podría presentar la documentación que considerara necesaria para su defensa; aunque también le recordó que sí él aceptaba voluntariamente el allanamiento (la extradición), se evitaría todo el procedimiento y sería entregado “sumariamente” al gobierno mexicano.
“Usted tiene derecho a contestar si hacemos el tramite ordinario o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país”, manifestó el juez para luego preguntarle si aceptaba que se le notificara a la sección consular mexicana para que en caso de que lo quisiera, ésta le prestara asistencia legal.
Pero Duarte rechazó tal ofrecimiento, alegando que “mi gobierno está plenamente enterado de mi detención” y mencionando que ese día, había personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la Policía Federal.
Segundos después, el juez aceptó la solicitud del abogado de oficio y le concedió un tiempo para que conversaran a solas, por lo que la audiencia entró en receso.
FUENTE VERSIONES

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