By “Gabriel Deantes amarró su
candidatura…¡A la cárcel!”
Yo
En opinión de analistas políticos del altiplano y también de muchos locales, el gobernador Javier Duarte de Ochoa enfrenta solo la solicitud de juicio político que presentaron ante el Congreso los partidos PAN y PRD, toda vez que ni sus compañeros de partido dan la cara por él, como muchos de sus colaboradores, miembros de la diputación federal veracruzana o integrantes del gabinete presidencial peñista.
La opinión del senador José Francisco Yunes Zorrilla, uno de los dos activos políticos priistas de mayor peso en el estado, ha comentado al respecto que si hay elementos se tendrá que aplicar juicio político contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Lo declaró a los medios durante una entrevista que concedió en la sede del tricolor, asegurando que las solicitudes que se presentaron a nivel federal se encuentran en la Cámara de Diputados y será en esa instancia en donde se tendrán que investigar.
“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden todas las responsabilidades que se tengan que deslindar. El PRI no va, bajo ninguna circunstancia, a proteger u obstruir nada”. Cuestionado si, dadas las condiciones políticas, sociales y económicas que prevalecen en el Estado, era procedente la solicitud, refirió que eso implicaría hacer un juicio de valor que le corresponde a la Cámara local. Además pidió que el análisis de la petición se haga fuera del marco electoral, “para que no vaya a haber sensacionalismo, previo al proceso electoral; la ley, ante todo, sin ningún tipo de sesgo”
Sin embargo, hay otros análisis que hay que considerar en este espinoso tema, como el que hace el periodista Fernando Anguiano quien en un interesante artículo comenta: “Incluido en las leyes mexicanas como un procedimiento para sancionar a funcionarios públicos que incurren en alguna responsabilidad durante el desempeño de sus cargos, el juicio político se ha convertido en una infumable estrategia política que más que la justicia busca el descrédito y la venganza.
“En consecuencia, el juicio político en México es un instrumento de control y amenaza para los grupos de poder pero no para castigar la comisión de un delito. En la Cámara de Diputados existen ya más de 300 solicitudes para proceder contra funcionarios y gobernantes, sin embargo ninguna ha prosperado.
“Actualmente la Secretaría General de la Cámara de Diputados mantiene archivados 320 expedientes de solicitudes de juicio político que aún se encuentran vigentes. Sin embargo, cuatro de ellos podrían despertar de su letargo cuando la Junta de Coordinación Política instale las subcomisiones de examen previo para recibir en tiempo, forma y legalmente las solicitudes de juicio político.
“De las peticiones de juicio político pendientes que hay en la Cámara de Diputados, sólo las del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López (juicio político y desafuero), vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán; el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, son las prioritarias para las bancadas del PRD, PAN y Morena.
“A pesar de que nadie ha sido procesado por este hecho, prácticamente cualquier funcionario de primer nivel está sujeto a serlo. En esta lista están los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, quienes podrán ser enjuiciados por violaciones graves a la Constitución, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
“Hay que recordar que el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra.
“Su origen siempre fue polémico. Cuando el PRI era gobierno, el Ejecutivo necesitaba un instrumento para mantener el control de sus funcionarios. Hoy, el juicio político sirve para ajustar cuentas entre dirigentes de partidos políticos. Tal vez por ello, contra el Presidente no es aplicable el juicio político, sin embargo, puede operar la declaración de procedencia, es decir, se le puede exigir responsabilidad penal”.
Ante todo esto, los escépticos opinan que no procederá y los que buscan venganza claman para que con Duarte se inaugure en el país una nueva etapa de aplicación eficiente de la justicia.
El secretario Tress
La Segretaría General de Gobierno, encargada de la política interna de Veracruz, ha pasado por distintas etapas en los últimos gobiernos priistas. Por ahí han estado disntinguidos políticos y juristas veracruzanos como mamarrachos (as) designados por capricho del Ejecutivo para pagar una cuenta, un compromiso político o simplemente para usar al titular como instrumento de represión contra los paisanos.
Antes, en tiempos de Rafael Murillo Vidal, era la Subsecretaría la dependencia encargada de las tareas que hoy tiene la Secretaría, y ahí estuvieron políticos del calibre de Manuel Carbonell de la Hoz y Carlos Brito Gómez. Más tarde, en el gobierno de Agustín Acosta Lagunes fue que se cambiaron las funciones de la Sub a la Secretaría ocupando la titularidad el prestigiado político y jurista mexicano, nativo de Poza Rica, Ignacio Morales Lechuga; pero tambíen ahí despachó Amadeo Flores Espinoza, Dante Delgado Rannauro, Miguel Angel Díaz Pedroza, Miguel Ángel Yunes Linares, Salvador Mikel Rivera (qepd), Reynaldo Escobar Pérez y, en dos momentos, con Miguel Alemán Velasco y hoy con Javier Duarte, Flavino Ríos Alvarado, una pléyade de políticos de primer nivel quienes con su presencia en esa importante dependencia dieron lustre a las administraciones para las que han servido.
Solo dos exsecretarios no han cumplido cabalmente con la encomienda, doña Nohemí Quirasco Hernández, la primera mujer Secretaria, y el charlatán ingeniero Gerardo Buganza y Salmerón, por quien Javier Duarte tuvo que pedir una dispensa al Congreso dado que antes se exigía que el encargado del despacho fuera de profesión abogado y, además de la dispensa, hasta se cambió la ley.
Hoy, por decisión del candidato priista al gobierno de dos años, Héctor Yunes Landa, será el biólogo y mercachifles de la política Alfredo Tress Jiménez el titular de la Secretaría si el PRI logra mantenerse en el poder. La decisión de nombrar a este familiar de Dante Delgado, dueño del partido satélite AVE, ha causado hilaridad y mucha inconformidad de parte de la clase política priista veracruzana que pugna por un cambio pero para mejorar no para lo contrario. Flamante el Secretario Tress.
Tomás López va por Zongolica
El pasado sábado, los que se lanzan a la aventura electoral por el PRI en pos de una diputación local, llegaron a registrarse al edificio de Ruiz Cortines y Francisco Moreno de esta capital, como siempre, a la vieja usanza, interrumpiendo el tráfico vehicular ante el coraje de la ciudadanía.
Sin embargo, la excepción la dió Tomas López Landero, quien llegó hasta la mesa de registro de la Comisión de Procesos internos del PRI a registrarse por el distrito de Zongolica, sin duda de los pocos candidatos que se dan como seguros triunfadores por su gran trabajo y apoyo a esa gente con graves carencias. La llegada del aspirante a la sede estatal del PRI se distinguió por dos cosas: un minidiscurso de una cuantas palabras sin rollos demagógicos “Con Zongolica, estoy a morir”, mientras por otro lado, asistió solo con su esposa Teresita Vega, su hijo Tomas López Vega y dos colaboradores…Así deberían de ser todos
“Yo no dejé atrás en el camino (a Gabriel Deantes Ramos) por la diputación por el XXII Distrito Local Electoral con cabecera en Zongolica, lo dejaron atrás las encuestas. El pueblo fue el que decidió y las encuestas son las que me favorecen para alcanzar el triunfo en esa demarcación electoral y creo que esto es de gente ganadora”, dijo en tono modesto López Landeros. Lo cierto es que Gabriel Deantes no se cayó, él sigue siendo candidato seguro, ¡pero a la cárcel!, que es donde debe estar.
Que se investigue al titular del IPAX
El secretario de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Enrique Pérez Rodríguez, extitular del IPAX, antes SSIBYC, consideró que se debe investigar al comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz (IPAX), Fernando González Ortiz (y a su recomendadota), por la expedición de licencias para la portación de armas de fuego a familiares del candidato del PRI a la gubernatura del estado, Héctor Yunes Landa.
El diputado federal del PAN precisó que el IPAX carece de facultades para otorgar licencias para la portación de armas de fuego a ciudadanos. Además, señaló que el IPAX contravino disposiciones legales al otorgar licencias a personas ajenas a sus filas.
“El IPAX no está facultado para expedir licencias de portación de armas, es una irregularidad; antier, durante cerca de 24 horas [el Ejército] intervino las oficinas del IPAX derivado de esta irregularidad. ¿Por qué? Porque están contraviniendo las disposiciones para la portación de armas”. ¡Bote para el acosador de empleadas!.
Reflexión
La señora Alba Leonila Méndez Herrera, exalcaldesa de Atzalan y exdiputada federal, diputada federal y enemiga acérrima de Miguel Ángel Yunes Linares, se sumó ayer a la lista de aspirantes al Gobierno del Estado que solo participan para restarle votos a la alianza PAN-PRD. El dia de ayer el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), Héctor Alfredo Roa Morales, recibió de manos de Alba Leonila la solicitud de registro como aspirante a Gobernadora de la entidad por el Partido del Trabajo (PT). De derecha a izquierda la ñora. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
