By La violencia criminal se ha incrementado fuertemente en las entidades que ahora gobierna el Partido Acción Nacional (PAN). Sucede en Chihuahua, en Tamaulipas, en Durango y, por supuesto, en Veracruz.
Los números reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública por las fiscalías y procuradurías respectivas no dejan lugar a dudas, y lo que aparece en los medios de comunicación, particularmente en portales electrónicos y redes sociales, está dejando a la población con los pelos de punta.
Desde el momento mismo en que tomó posesión Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz, los actos delictivos de alto impacto (que ya se habían manifestado en 2011 en la inauguración del fatídico gobierno de Duarte) se multiplicaron y se expandieron por todo el territorio veracruzano.
La virulencia criminal nunca antes vista en nuestro territorio, pese a que hemos sido testigos y víctimas de verdaderos periodos de terror, parece atender a que los acuerdos tomados con gobiernos priistas han sido desechados por el actual gobierno estatal, lo que ha obligado a las bandas delictivas a tratar de forzar acuerdos, a golpe de homicidios..
“La tendencia de crecimiento increíble en los índices delictivos en los estados que en 2016 permitieron la salida del PRI y dieron paso a la instauración de la alternancia democrática, ha puesto en el tintero la hipótesis que apunta a la utilización de las bandas criminales por parte del grupo en el poder para disuadir a la población de que es mejor votar por el PRI en lugar de experimentar con otros partidos”, señalé en anterior Hora Libre.
¿La alternancia tiene la culpa?
Las palabras del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, el lunes, parecen confirmar que por lo menos se usará el tema en aspectos electorales, y no es posible descartar que la situación tan difícil en materia de seguridad pública sea una manera de influir en los resultados de los comicios por parte de ese enorme poder fáctico que representan las bandas criminales, aliadas o no con el PRI.
Ochoa Reza aseguró que en los estados de la República gobernados por el PAN se ha incrementado la inseguridad en un 40 por ciento o más, en poco tiempo. Durante un mitin en que acompañó al candidato priista al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en Ramos Arizpe, el empresario taxista se refirió a Chihuahua, Tamaulipas y Durango, donde han aumentado los delitos con las administraciones panistas.
“A nuestros adversarios azulillos no les gusta que hagamos comparaciones, pero se tienen que hacer: ¿cómo le ha ido a Chihuahua con el gobernador azulillo Corral? La inseguridad se ha duplicado. ¿Cómo le ha ido a Tamaulipas con un gobernador azulillo? ¿Y a Durango? En poco tiempo se han incrementado los delitos en 40 por ciento o más”.
Por supuesto, no se refirió al caso del Estado de México en que se observan graves estadísticas en materia de homicidios dolosos, enfrentamientos armados, secuestros y asaltos sangrientos tanto en comercios como en unidades del transporte público y peatones, porque allá se está jugando el PRI no solo su hegemonía en el gobierno local sino la posibilidad de una derrota adelantada en los comicios de 2018 rumbo a la Presidencia de la República.
“Ese es el tipo de desgobierno que proponen los azulillos, y en Coahuila no los vamos a dejar”, aseguró Ochoa Reza, quien no sin un hilillo de sangre saliéndole por la comisura de su boca dijo que el PRI cuida de la seguridad de todas y de todos sus habitantes.
Aumentó violencia en estados que cambiaron gobernador
Un reportaje publicado el 7 de marzo pasado por el portal Animal Político / apunta a que en 9 de los 12 estados que eligieron nuevo gobernador hace un año aumentó la violencia, y precisa: “en nueve de esos estados subieron las averiguaciones previas por homicidios dolosos, en siete crecieron los secuestros y en cinco se dispararon hasta 700 % las extorsiones”.
Los casos más graves, según el texto firmado por los periodistas Arturo Ángel y Maru Ureste, han sido Chihuahua y Veracruz, donde aumentaron las averiguaciones por homicidios y extorsiones, pero además se duplicaron los secuestros.
“Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en las entidades donde se eligió gobernador en 2016 crecieron los índices desde los dos meses precios al cambio de poderes hasta los primeros de la nueva administración”. Y añade: “Diversos analistas han explicado este fenómeno como una forma que tiene el crimen organizado de ‘medir’ al nuevo gobierno o como una consecuencia por el cambio en los responsables de seguridad”.
Rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal
Nadie se atreve hoy, en Veracruz, a asegurar que el peligro solo se da en ciertas zonas, colonias, calles oscuras, caminos intransitados o comunidades alejadas de la benévola presencia de las fuerzas policiacas; tampoco, que el riesgo lo enfrentan solo los maleantes o quienes aceptaron entrar al negocio del crimen así sea tangencialmente, o quienes consumen drogas y deben tratar con traficantes.
Y no, no se puede decir que se está a salvo por incluso no gozar una situación económica boyante no es argumento para no sufrir secuestro o extorsión; tampoco es necesario que nuestro negocio tenga largas filas de clientes y emita abultadas facturas, porque un modesto salón de belleza puede ser blanco de atraco.
No es necesario repetir lo que está sucediendo en todo el territorio veracruzano, donde a plena luz del día son acribillados ciudadanos inocentes, mujeres ejecutadas frente a sus hijos, periodistas víctimas de sicarios a sueldo. La violencia ha recrudecido y, en contrapartida, el gobierno estatal no encuentra la fórmula para prevenirla. Un solo hecho se lo complica: cuenta con una muy escasa fuerza policiaca para hacer frente a la delincuencia y, por ello, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anda permanentemente solicitando el apoyo de las fuerzas federales.
Para colmo, no solo se han apoderado de nuestras calles y carreteras las grandes bandas criminales. El ataque a tontas y a locas de los cárteles, el encarcelamiento o eliminación de sus líderes y la persecución de sus integrantes han fortalecido los números de los delitos del orden común.
Cientos, tal vez miles de pequeños delincuentes que eran reclutados por las mafias, hoy están desperdigados, sin organizaciones que los controlen, y se han dedicado a formar decenas de pequeñas organizaciones delictivas orientadas a robar, asaltar, asesinar, extorsionar, apoyar el trasiego de combustible robado, a vender estupefacientes. Y muchos de ellos son presa de los grades tiburones que no quieren competencia ahí donde están tratando de ganar territorios, por lo que de pronto aparecen a la vera del camino hasta con huellas de tortura, como una advertencia a esos pequeños emprendedores del negocio criminal.
Pero que los números crezcan ahí donde los gobiernos estatales pasaron de ser casi propiedad del PRI a ser dirigidos por otros partidos, generalmente coaligados, no puede ser obra de la casualidad. Tampoco puede decirse que sea producto de ineficiencia (aunque en Veracruz la hay a todas luces). ¿Podemos quedarnos con las palabras de Yunes Linares de que todo es producto de una guerra entre cárteles, donde el ciudadano común no tiene vela en el entierro?
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